22-F

Hace ocho meses 51 personas perdían la vida en lo que se denominó la “tragedia de once”. Desde entonces el reclamo de los familiares sigue constante y diligente. El acto conmemorativo que tuvo lugar hace dos días en la estación de once, mostró que un grupo sigue preocupado por las acciones, nulas, en pro de evitar otro accidente de esa magnitud. Como sociedad estamos acostumbrados a tener un momento explosivo de lucha social cuando vemos muertes que se podrían haber evitado. Pero la anestesia social viene a nuestro rescate para recordarnos que tenemos que seguir con nuestra vida, y que el sistema debe seguir su curso.

La respuesta del Poder Ejecutivo respecto de la condición de los trenes dejó en claro su postura desde un primer momento: “Necesitamos saber qué pasó y quién es el responsable”, había expresado la presidenta, pocos días después del accidente, en un acto en Rosario.

Resulta llamativo, ¿no es el Estado el que debe regular que los grupos Roggio (Metrovías), Romero (Ferrovías) y UGOFE no hagan malversación de fondos?

Para la calma social la Justicia actuó relativamente rápido, para los tiempos judiciales argentinos. Estos días fueron citados a declarar por el juez federal Claudio Bonadío, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, ex secretarios de Transporte. Quienes apelaron este miércoles los procesamientos dictados en su contra, al igual que Claudio Sergio Cigliriano, titular de la firma Cometrans, controlante de Trenes Buenos Aires (TBA). También los familiares pidieron ayer que se cite a declarar al ministro de Planificación, Julio de Vido.

Pero si bien el accionar de la Justicia deja conformes a los allegados de las víctimas, estos continúan denunciando la indiferencia de los organismos gubernamentales, tanto nacionales como provinciales. “Seguimos esperando que el Poder Ejecutivo nos permita saber que tiene conocimiento de lo ocurrido el 22 de febrero. Que así, como todos los días escuchamos hablar sobre el 7-D [día que vence una cautelar sobre la ley de medios], nos gustaría escuchar alguna vez sobre el 22-F."

Cada día millones de usuarios de las diferentes líneas de trenes viajan expuestos a un posible “22-F”.

Un informe de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) reveló que en lo que va del año las víctimas fatales de siniestros ferroviarios creció un 30%, respecto del 2011 en el mismo período. En total, la CNRT contabilizó 1.205 accidentes en los que murieron 203 personas, y 1727 resultaron heridas.

La línea Sarmiento lidera la lista, con 92 víctimas (incluyendo las 51 de la Tragedia de Once). En el Roca hubo 56 y en el Mitre 26. Se calcula alrededor de 300 muertos fatales por año.

Comparado con los datos que revelan que ocurren 25 muertes por choques automovilísticos por día, viajar en tren pareciera ser lo más seguro. Pero el punto radica en quién es el responsable de tales accidentes, accidentes que no deberían ocurrir si las formaciones tuvieran el correcto mantenimiento.

Los grandes grupos empresarios que manejan la vida de estos millones de usuarios, parecen manos invisibles, nombres anónimos, hasta que surge una tragedia y entonces, es necesario responsabilizar a alguien. Dar nombres.

Los nombres deberían darse antes, como usuarios de los trenes no alcanza con un libro de quejas al que nadie presta atención.

Acostumbrados a viajar como ganado, será que reaccionamos sólo cuando ocurre una tragedia. Pero ¿cuánto dura esa indignación? ¿Qué se hace hoy para mejorar la condición de los trenes? Castigar a los culpables ¿supone prevenir futuros accidentes?

Los primeros días luego del 22 de febrero los pasajeros viajaban con temor, otros optaron por otros medios de transporte. Pero hoy parece que el resto de la sociedad nos conformamos con no viajar demasiado apretados en el tren, con que no nos roben, con que no cancelen el servicio para llegar a horario, pero no podemos ver más allá de lo inmediato.

Tal vez sea hora de no olvidar, pero que ese no olvido nos lleve a todos a reclamar un uso adecuado de los fondos, menos corrupción y trenes que lleguen a destino. Y que la frase “mejor prevenir que curar” no sea solo un eufemismo en nuestra sociedad.

Causas armadas en Argentina

La condena mediática

“Si yo veo el Diario Clarín y me dice que 'Fernando Carrera es un asesino' para mi, Carrera es un asesino. No me importa lo que diga él, yo le creo a la prensa”. Esto fue lo que le contestó Fernando Carrera al director de “El Rati Horror Show”, Enrique Piñeyro,  frente a la pregunta sobre el accionar de los medios de comunicación el 26 de enero del 2005,  durante su detención. Los diarios titularon al caso de Carrera como la “Masacre de Pompeya”. Luego de recuperar su libertad después de siete años y medio en la cárcel, acusado de matar a tres personas, herir a cuatro y escapar de la policía después de un robo, el vendedor de artículos de gomería habló sobre el poder que tienen los medios a la hora de acusar. Según Carrera, en muchas ocasiones, los medios sentencian a presuntos “delincuentes” antes de que se lleve el juicio adelante.
            Las noticias, particularmente en televisión, utilizan descripciones condenatorias hacia los detenidos y tienen como única fuente a la policía que cumple con el arresto. América Noticias, por ejemplo, el día que detuvieron a Carrera tituló: “Un niño, su madre y una empleada murieron luego de ser atropelladas por el auto de delincuentes que escapaban de la Policía”. El documental de Piñeyro, junto a otras investigaciones escritas, ayudó a contar la versión de Carrera y explicar su inocencia. Su abogada, Rocío Rodríguez López, afirma que la opinión pública no tiene tanta influencia sobre los jueces pero colabora en la condena social del acusado. María del Carmen Vardú, fundadora de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) resalta: “Sistemáticamente se cuenta sólo la versión policial de los hechos y se cataloga al pibe con siete tiros en la espalda como el 'Joven delincuente de frondoso prontuario abatido por las fuerzas del orden'”. Vardú dice también que este comportamiento mediático se repite en torno a la protesta de trabajadores que hoy en día es presentado como “Caos de tránsito”.

Causas armadas en Argentina, entrevista a Alejandro Bordón

Otro caso: “A mí me saca la gente”

De la boca del subte de Avenida de Mayo sale un hombre vestido con campera beige y jeans. Las fotos que circulan en internet de Alejandro Bordón muestran a un hombre con el pelo morocho, con su carnet de trabajador de aeroparque sonriendo delante de un avión Boeing. Su cabeza ahora está cubierta de canas, le faltan los cuatro dientes frontales superiores. Sentado en un café porteño, saca de su mochila negra recortes de diarios, fotos, panfletos que repartieron los vecinos cuando aún estaba preso, y un plano que diseñó en su celda que detalla la escena del crimen por el que lo acusaron injustamente.

¿Cuál fue tu reacción cuando te acusaron de matar a Nuñez?
Lamentablemente lo que me pasó no me sorprendió, porque yo se los niveles de corrupción de la policía, lo vemos. Y es muy desesperante que no te sorprenda. Yo sabía que iba a ser muy difícil torcerle el brazo al sistema. Y si hay algo que nosotros teníamos bien en claro, que lo tuvo en claro Susana, mi esposa, es que teníamos que salir a la calle. 

¿No confiabas en que la Justicia probara tu inocencia en ese momento?
Como sabemos, en el sistema en el que estamos, la única manera era convocar a los medios, llamar la atención, volantear, presionar, defender mi buen nombre y honor. Porque si yo hubiese sido un delincuente no hubiera tenido 200 personas en un juicio.
Por suerte la solidaridad con mi familia fue muy grande. A mí me saca la gente. Yo tuve voz, hay mucha gente que no la tiene.

¿Por qué creés que fuiste víctima de una causa armada?
Portación de rostro, portación de vestimenta. Conmigo se confundieron. Pensaron: “Este negrito anda con un equipo de gimnasia, bucito blanco”, y me preguntaban (la policía): “¿Vas a trabajar a aeroparque? ¿Por qué andás vestido así?” Porque en la zona de Monte Chingolo roban a cada rato y, si me robaban, las pérdidas eran mínimas. Me ponía lo peor.

Alejandro Bordón fue detenido la mañana del 5 de octubre de 2010 en Monte Chingolo, partido de Lanús. Por ese tiempo una ola de inseguridad había alertado a los choferes de colectivos de esa zona, y decidieron hacer un paro por 24 horas. Esa madrugada a las 4.30 se produjo el asesinato de Juan Alberto Nuñez, un chofer de la línea 524 que se dirigía a buscar su unidad para comenzar el recorrido.  Diez minutos más tarde Bordón tomó el colectivo en dirección al centro de Lanús, para luego tomar una combi hasta Aeroparque, donde trabajaba desde hacía ocho años en una empresa de catering.  Un policía vestido de civil, subió al colectivo y le apuntó con un arma. “Qué le hiciste al chofer, qué le hiciste al chofer?” le repetía mientras lo obligaba a arrodillarse y le daba culatazos en la cara.  “No sabía de que se trataba, no sabía porque me pegaba- dice Bordón – me entero que es policía cuando habla al 911.” Se trataba de David Alberto Quijano, quien se desempeñaba en la DDI de Campana, y vivía a seis cuadras de la casa de Alejandro Bordón. “El paro de colectivos paralizó Buenos Aires- comenta el trabajador gastronómico- Tuvo que salir Scioli con los botones anti pánico”. También recuerda que el Ministro de Justicia y Seguridad Bonaerense, Ricardo Casal, declaró para aplacar el descontento social que ya habían detenido al culpable, y que se trataba de un crimen pasional. “Necesitaban uno sí o sí.”, reflexionó Bordón.

El maltrato que sufriste por parte de la policía, ¿de qué forma te afectó?
Las heridas que te quedan son las del alma. Yo he cobrado en la comisaría. Cuando llegué a Sierra Chica el Servicio Penitenciario me dio la bienvenida con una paliza. Las cicatrices  físicas que me quedaron pasan, los dientes me los voy a arreglar. Antes no tenía el pelo tan blanco. El otro trauma son las privaciones que sufrí, me manejaban la vida con la presunción de que era culpable. Pero lo que más me marcó, lo que más  me pone mal, es acordarme de ver llorar a la gente que me quiere. De verlo a mi hijo en Sierra Chica, y al más chico que trataba de no verme. De verlo a mi papá secándose las lágrimas como una criatura. Verla a mi mujer, y ver la mirada triste.

¿Vas a hacer algo para que se haga Justicia con tu caso?
A mí en la cárcel me dijeron que cuando saliera me quedara tranquilo. Pero  sería defraudar a toda la gente que luchó por mí. Porque esto me pasó mí, pero si esto le pasa a mi hijo yo me muero. La plata no me interesa, sé que me merezco un resarcimiento, por lo menos por lo q sufrió mi familia.

¿Estar en prisión te cambió tu forma de ver la vida?
La cárcel te cambia en un montón de cosas, ahora vivo más tranquilo. Yo trabajaba mucho y no me daba cuenta de todo lo que tenía. Estaba 17 horas laburando y después estaba muy cansado como para disfrutar a mi familia. Antes me quejaba de viajar 20 minutos para ir a trabajar. Después de la experiencia de haber estado preso, disfruto del viaje, miro, leo.  Es sentir la libertad. No te das cuenta lo que vale hasta que pasás por algo así.

Causas armadas en Argentina

EL BRAZO TORCIDO DE LA JUSTICIA

“Te voy a poner dos sueros así te morís bien despacito hijo de puta”. Esas fueron las primeras palabras que escuchó Fernando Carrera cuando despertó en el Hospital Pena de Parque Patricios. Además, tenía ocho tiros en el cuerpo, y una causa abierta por “homicidio agravado en tres oportunidades”. Según el relato de los oficiales de la Comisaría 34, el acusado era sospechoso de robarle 750 pesos a un integrante del Ejército. La noticia trascendió en los medios como “La masacre de Pompeya”, y Carrera fue condenado a 30 años de prisión por el Tribunal Nº 14 en 2007. Luego de siete años y medio de cumplir la sentencia en las cárceles de Devoto y Marcos Paz, un fallo de la Corte Suprema lo declaró con falta de mérito y mandó a revisar su caso. 

Pero Fernando Carrera no es el primer caso de causas armadas por la policía. Alejandro Bordón estuvo preso por un año y medio, acusado de asesinar a un chofer de la línea de colectivos 524, en el partido de Lanús.  La única prueba que vinculaba a Bordón con el crimen era que ese día tenía puesto un buso blanco, al igual que el sospechoso. Claudio Marcelo Herrera también fue preso injustamente, por matar supuestamente a la dueña de un boliche de Quilmes. Estos son algunos casos que lograron trascender, en parte  por la magnitud de los hechos, pero la lista sigue e incluye también causas menores, por robos de partes automotores y por consumo de drogas.

Según una investigación del programa Justicia Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) la persona acusada puede estar hasta cinco años detenida sin condena confirmada. La mayoría de las causas armadas quedan disueltas en la etapa del juicio oral por falta de pruebas, y el crimen real no se termina de investigar. Al respecto, el último Informe Anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación, realizado en el 2009, muestra que en la Argentina hay 54.537 personas presas dentro del sistema federal. Esto da un promedio de 13.722 presos cada 100 mil habitantes. Sin embargo, dentro del total mencionado el 59% de la población carcelaria se encuentra sin una sentencia firme.  

Lejos quedó en Argentina el cumplimiento del artículo 18 de la Constitución Nacional: “Nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”. Este es el primer derecho que se viola en nuestro país.  En estos últimos años se ha agregado un nuevo término dentro del proceso penal: “los jueces en el conurbano bonaerense, usan el término de certeza negativa. No hay certeza negativa de que vos no cometiste un ilícito”, explica Walter Brizio, integrante del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).  Además, añade: “Estamos llegando a que uno tiene que probar su inocencia, contrariamente a lo que dice la Constitución.”

También hay que tener en cuenta el  rol que juega la Policía, cuya función es la de custodiar la seguridad de las personas civiles. El inciso cuatro del artículo primero del Código Procesal Penal de la Nación, indica que las fuerzas de seguridad deben “si hubiera peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica”. En el caso Carrera los fiscales llegaron una hora después, cuando Carrera ya estaba en el hospital. Además, en muchos casos los testigos se contradicen en sus testimonios y en algunas ocasiones pueden llegar a ser extorsionados para falsificar sus alegatos.

 El abuso por parte de las fuerzas de seguridad no es novedad, la misma comisaría implicada en el caso Carrera ya había sido protagonista del caso de Ezequiel Demonty, quien en 2002 fue golpeado por efectivos de la 34 y obligado a tirarse al Riachuelo. Al respecto María del Carmen Vardú, fundadora de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), afirma que la formación de los policías consiste en prepararlos para disparar cuando se le de la orden: “El jefe de los instructores de las fuerzas policiales federales les enseña a llevar el arma en la calle, en condición de disparo inmediato. Es decir, con la bala en recámara, sin seguro y amartillada”.

Vardú dice que, a la hora de aprehender al sospechoso, todos los policías utilizan en sus cargadores una bala de ojiva sólida y una bala de punta hueca o de punta chata, porque de esa manera con la primera atraviesan y con la segunda golpean. “Es la técnica del doble tap, la que es enseñada por los instructores oficiales”, asegura.  El uso de balas de punta hueca estaba prohibido cuando Carrera es detenido. Según la abogada de CORREPI, la razón por la que ocurren estas causas inventadas se relaciona con el puntaje que cada comisaría obtiene por la cantidad de detenciones que realiza en determinado tiempo. Esto le permite cotizar mejor a la hora de designar un nuevo comisario para la evaluación de cada comisaría.

Contratiempos Judiciales

"Cuando la gente dice que la Justicia lenta no es justicia, tiene razón", sentenció el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti en la apertura del año  judicial del 2011. La abogada de Fernando Carrera, Rocío Rodríguez López coincide con esta postura, y agrega que la burocracia judicial entorpece la defensa de los acusados: “Es como si fueran una fábrica automatizada aplicada a las causas- afirma López- el que entra a trabajar ahí termina devorado por la máquina, como la película de Chaplin, Tiempos modernos”. La abogada dice que el actuar negligente de la Justicia no es, en la mayoría de los casos, una “conspiración”, sino que la rutina de papeleo en los tribunales lleva a que se cometan errores constantemente.

            La Corte Suprema de Justicia mandó a revisar el expediente de Carrera luego de que la causa les llegara en el 2008. En el fallo consideró que la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal “no efectuó una revisión integral, exhaustiva y amplia del fallo condenatorio, y que omitió analizar en forma debida”. López sostiene que el primer derecho que se le violó a su defendido fue el “Derecho a la inocencia”, porque siempre la sospecha operó en su contra. “En el Juicio Oral parte del tribunal, sobre todo el presidente Hugo Cataldi, estuvo en contra de la defensa. Siempre es así y en esta oportunidad era bastante evidente”, denuncia la abogada.

            Según la defensora de Carrera, en este caso los jueces fueron pro-Policía, y “la única jueza que creíamos que podía ser un voto a favor, la doctora Ángela Ledesma, se excusó una semana antes de la audiencia”. Ledesma presidía el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Esta institución había enviado una nota antes del juicio en la que afirmaba que miraba con preocupación el caso. “Los otros dos  jueces ya lo habían condenado antes que empiece el proceso solo por lo que estaba escrito por la policía”, critica López. 

            Con respecto al rol del Estado en el caso de los errores cometidos en el ámbito Judicial, el panorama nacional cambia cuando la reforma constitucional de 1994 incorpora a los organismos internacionales al mismo nivel jerárquico que la Carta Magna. La Constitución Nacional histórica no preveía el caso de las causas armadas específicamente. Por ese motivo cobraron relevancia las resoluciones de La Comisión Americana de Derechos Humanos que afirman en el artículo 9, inciso 5 que “toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación”. Igualmente, el resarcimiento por los derechos violados es de un monto poco relevante comparado con el daño que sufren los injustamente acusados. Además,  muchos explican  que el tiempo perdido es algo que no puede devolverse.